Los programas autonómicos de ingresos mínimos, diseñados para combatir la pobreza y la exclusión social, vieron incrementar su demanda durante la crisis. Conocer mejor estos esquemas que conforman el sistema de garantía de rentas mínimas español es el objetivo del número 29 de Panorama Social. La revista, editada por Funcas bajo el título “Pobreza y rentas mínimas”, analiza diferentes aspectos de estas prestaciones de último recurso y aporta información sobre su alcance y funcionamiento.

Si en 2007 había en España 103.071 titulares de estas prestaciones, en 2017 la cifra se había triplicado, hasta los 313.291. A ellos hay que sumar los casi 466.000 dependientes de estos titulares, lo que acerca el número total de beneficiarios a 780.000, con un crecimiento muy desigual entre comunidades.

Precisamente, la publicación destaca la fragmentación territorial de este sistema, con 19 normativas (17 comunidades y dos ciudades autónomas) específicas destinadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social a través de prestaciones cuyo diseño (y denominación) también difiere.

La variedad de políticas de rentas mínimas se manifiesta en aspectos como la cuantía. Por ejemplo, aunque el importe mensual medio de las rentas mínimas en el conjunto del Estado ronda los 450 euros, las prestaciones oscilan entre los menos de 400 euros de la Comunidad Valenciana, hasta los casi 700 del País Vasco.

Los programas autonómicos presentan, además, diferencias significativas en cuanto a los requisitos necesarios de acceso a la prestación, a la duración máxima de su percepción o a la compatibilidad con otras rentas.

Llaman la atención dos ejemplos extremos. Navarra, que posee una de las tasas de población en riesgo de pobreza más bajas de toda España, cuenta con la prestación de “renta garantizada” más generosa, tanto en cuantía como en duración. Sin embargo, el importe y el periodo de cobro de la “renta de inserción” en Extremadura son menores, aunque en esta comunidad la población en riesgo de pobreza alcanza un porcentaje mucho más alto.

La evaluación de los programas de rentas mínimas, ya complicada por la fragmentación territorial del sistema, se ve dificultada por el hecho de que la mayoría de estos programas persiguen, cada vez más, dos objetivos cuya consecución no va necesariamente unida: la reducción de la pobreza monetaria y la inserción (o reinserción) laboral. La evidencia disponible sugiere que las rentas mínimas, donde llegan, son eficaces en la disminución de la pobreza, mientras que sus costes de eficiencia en forma de desincentivos al empleo son muy moderados. Con todo, la elevada rotación en la percepción de estas rentas coexiste con la cronificación (no mayoritaria) de las prestaciones en algunos hogares especialmente vulnerables y con escasa capacidad de inserción laboral.